La territorialización de la Agenda 2030 permite una aproximación más integral de las políticas públicas al facilitar la comprensión de las interrelaciones entre la inclusión social, el desarrollo económico y la protección ambiental y promover el diálogo intersectorial y multi-actor que contribuya a una definición
colectiva de las prioridades de los gobiernos subnacionales. El ejercicio de la territorialización ha conllevado a el fortalecimiento de capacidades en los territorios subnacionales para identificar
problemas, cuellos de botellas y formular políticas adecuadas que apunten integralmente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo (CEPAL, s. f.).